Leída la noticia que
publicó el diario EL PAÍS el pasado día 23 de enero de 2012 sobre la propuesta
planteada por la Presidenta de la Comunidad de Madrid para la creación de un
espacio dedicado al desarrollo empresarial en forma de casinos resulta una declaración
que sin duda alterará los oídos de muchos pequeños empresarios y autónomos que
han visto fracasar o que no han podido emprender sus negocios y proyectos de
vida por la falta de ayudas y concesiones legales que en este caso parecen
flexibilizarse según quien las solicite, sin olvidar otros motivos
discriminatorios.
A simple vista la
noticia plantea varios asuntos para analizar desde el tema que nos ocupa: la
dinamización económica local, los medios de financiación y la creación de
empresas y en definitiva empleo. Además me gustaría añadir algo que siempre intento
tener en cuenta y que en este caso no quiero olvidar, la sociedad y las
consecuencias que cada acción tiene sobre las personas[1].
Si nuestra referencia es
el objetivo principal del proceso de conversaciones y de movimientos políticos,
iniciado ya desde el anterior gobierno estatal, puede ser acertado en cuanto a
la creación de empleo y en cuanto a la captación de inversión extranjera, pero
los medios planteados para alcanzarlo no son los más adecuados ni los más
éticos y las consecuencias a largo plazo exigen un análisis más profundo.
La frase “cambiar todas
las normas que haya que cambiar” es realmente estridente o desacertada cuando
se produce por los intereses de un grupo empresarial que dedica su actividad a
un sector cuya legalidad y ética moral están en entredicho. Existen precedentes
que reflejan la existencia de la proliferación de actividades paralelas
ilícitas de graves consecuencias sociales y económicas a largo plazo.
Si las administraciones
implicadas: Gobierno Estatal, Autonómico y Local aceptaran las condiciones
planteadas por la empresa promotora del proyecto se estaría incurriendo en una
serie de injusticias de gran calado, que supondrán sin ninguna duda la
movilización y queja de todos los trabajadores y pequeños empresarios de Madrid
y de España. La queja de muchos representantes políticos y empresariales,
Alcaldes, Presidentes Regionales y Autonómicos que ven como la normativa
urbanística para la creación de espacios productivos (centros de empresas,
parques empresariales, centros tecnológicos…) se flexibiliza según el
interesado mientras en sus municipios o autonomías no superan los escollos burocráticos
de un modo tan ligero como se plantea en este caso. Así también llegará la
protesta de colectivos sociales (jóvenes, asociaciones de vecinos, servicios
sociales y sanitarios, seguridad civil, desempleados, empresas de hostelería,
ocio…) perjudicados por el desarrollo de
esta actividad y por las consecuencias que supone algunas más significativas
indicadas a continuación: “Incremento en la comisión de delitos, pérdidas en
los negocios y el empleo, quiebras y bancarrotas, suicidios, enfermedad, costo
de servicio social, costos regulatorios del gobierno, costos familiares, abuso
monetario, bancarrotas, desfalcos, asesinatos, robos, corrupción gubernamental,
fraude, falsificación, trafico de drogas, ausentismo laboral, endeudamiento,
ansiedad, descuido de las obligaciones familiares y sociales, vagancia,
derroche, mal vivencia, prostitución, alcoholismo y drogadicción, agiotismo, y
la aparición de entidades concentradoras del ingreso, ya que basan su negocio
en la captación de ahorro en detrimento de la mayoría de la población, lo que
constituye una de las caras del fenómeno de la desertificación monetaria”[2].
En definitiva acciones que degradarán la sociedad y provocarán gastos que
previsiblemente son inevitables[3].
Indicar todas las
consecuencias y en especial las económicas que puede suponer la cesión a las peticiones
de un grupo empresarial tan potente como Vegas Sands (Sheldon Adelson su dueño posee una fortuna de 21.500 Millones de
dólares)[4] es
una labor que corresponde a los expertos pero desde mi opinión me atreveré a
nombrar algunas referidas a la sociedad en referencia a las presentadas en la
noticia.
- Cambio del Estatuto de
Trabajadores y Ley de Extranjería. Claramente se está solicitando crear un a
“isla o estado” jurídicamente libre para el manejo de personas de cualquier
procedencia con el objetivo de abaratar la mano de obra, primando a priori la
contratación de personal extranjero con lo que supone en cuanto a costes
salariales y condiciones laborales.
- Exención de cuotas de
Seguridad Social e impuestos, sería un claro ejercicio discriminatorio para el
resto de empresas existentes y de nueva creación presentes en la comunidad y en
el territorio español. Medida que coincide con la petición de suelo, de
infraestructuras y de garantías de préstamos sin costes para los beneficiarios.
- Expropiación de suelo,
traslado de viviendas, de vertedero… supondrá efectos de desarraigo, perdida de
posesiones y discriminación social sobre los ciudadanos que viven o que poseen
terrenos en la zona afectada tanto por la expropiación como los nuevos
receptores del vertedero o del suburbio Cañada Real. Además de alimentar la especulación
urbanística y el abuso de poder en beneficio de las grandes empresas.
- Permitir la entrada de
ludópatas reconocidos y de menores[5]
además de dejar fumar, establecer un sistema de intermediarios que favorecerá
la entrada y desarrollo de mafias… son peticiones que no esconden la ilegalidad
de las acciones que se pretenden realizar en esta área madrileña que puede
crearse con el consentimiento y apoyo de todos los organismos públicos.
- Cambiar el sistema de
control de blanqueo de capitales supondrá la flexibilidad y permisividad en la
evasión de impuestos y lavado de dinero ilegal por tanto suponen acciones que únicamente
incrementan la sospecha sobre una actividad cuyos métodos ya generan
desconfianza por sus antecedentes y por su historia.
En cuanto al proceso de
construcción del complejo y apelando de nuevo a la cultura popular cabría
utilizar el “cuento de la lechera” cuando los adjudicatarios de tantos
beneficios tengan la posibilidad de hacer una inversión escalonada y siempre
precedida de saldos positivos para la ampliación de infraestructuras, llegando
a construir un monstruo urbanístico copiando un modelo económico que ha fracasado,
el de la especulación, pero con el agravante de sustentarse en un actividad
como el juego. Cabría preguntarse si realmente existe demanda de todo lo que se
pretende construir alrededor de este ambicioso proyecto: 12 resorts, 6 casinos,
9 teatros, 3 campos de golf y 1 escenario de 15.000 butacas. Un aspecto no
menor que ha de valorarse es las consecuencias
que estas instalaciones tendrán sobre los empresarios y trabajadores de
los establecimientos que ofrecen los mismos servicios, lo que ensombrecerá la
previsión de beneficios.
Este proyecto presenta
los claros síntomas de un proyecto burbuja, que puede explotar y que encima
lleva una fuerte inversión económica y social tanto estatal como autonómica,
una fuerte exención fiscal y una degradación social, consentido todo por
entidades públicas y a costa de los ciudadanos para que además los “beneficios económicos
previstos” no repercutan en la economía local.
Si al final somos
testigos de la ejecución y desarrollo de tal proyecto se habrá permitido un ejercicio
de “moderno caciquismo” en el que los dirigentes políticos permitirán, dando
todas las facilidades urbanísticas y fiscales, a un grupo empresarial para enriquecerse
adquiriendo todos los derechos y ayudas que se niegan a los ciudadanos
madrileños y españoles sirviendo además para empeorar la situación económica y
social del entorno en que se ubique y de Madrid en general, creando un espacio
blindado para el desarrollo de actividades ilegales y poco éticas.
[1] GRINOLS Y
MUSTARD, Economistas que revelaron los resultados de un estudio denominado
‘Rentabilidad Económica Contra Rentabilidad Social’.
[2] MASCHERONI, RICARDO LUIS. Crisis
económica + Casinos = Miseria e inseguridad
[3]GRINOLS, EARL L. Y MUSTARD, DAVID B. Universidad de Illinois (2002): "Rentabilidad
Económica contra Rentabilidad Social: Evaluando Negocios con Externalidades, el
Caso de los Casinos” Demuestra que el juego implica costos sociales como el
aumento del crimen (por ejemplo, fraude y malversación), la pérdida de tiempo
de trabajo, las bancarrotas y dificultades financieras para las familias del
adicto, los suicidios, y los costes familiares como el descuidar a los hijos.
Estos problemas cuestan a la economía 54 mil millones de dólares anuales, es
decir, casi la mitad de los causados por el abuso de la droga en los Estados
Unidos. Determinaron que en un periodo de 20 años los condados estadounidenses
que han contado con casinos aumentaron en 44% su índice delictivo, superando
ampliamente la media nacional.
[4] GARCIA GALLO, BRUNO. Dinero opaco
para EuroVegas
[5] HERNÁNDEZ, OSCAR. (Beneficios y
perjuicios de los casinos) En 1990 el Departamento de Salud
Mental del estado de Maryland informó que el 62% de los jugadores problema
estuvieron involucrados en actos delictivos.
